RECHAZAN UN RECURSO PARA QUE SE REABRA LA CAUSA DEL DÓLAR FUTURO

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible al recurso extraordinario interpuesto por el fiscal Raúl Pleé para revertir los sobreseimientos de los acusados en la causa conocida como Dólar Futuro, reabrir el expediente y llevar el caso a un juicio oral y público.

La decisión de la sala primera del máximo tribunal penal ratifica los sobreseimientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y del resto de los acusados en expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro.

“La parte recurrente ha basado su impugnación en la reedición de agravios que han tenido adecuada respuesta y que consisten en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal que invoca”, sostuvieron los jueces.

Los magistrados Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron, además, que “el impugnante no ha introducido argumentos novedosos que puedan conmover los fundamentos desarrollados por esta Sala, que permitan la habilitación de la instancia extraordinaria”, por lo que solo le queda el intento de ir en queja a la Corte Suprema.

El 13 de abril pasado, los jueces de la sala I del máximo tribunal penal sobreseyeron a todos los acusados del caso porque entendieron que la conducta reprochada a los imputados es atípica, por lo que debían ser sobreseídos por «inexistencia de delito».

El fallo alcanzó también al extitular del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y al actual titular de la entidad, Miguel Pesce, entre otros.

El eje del fallo compuesto de dos votos (uno de los jueces Barroetaveña y Petrone y otro de Figueroa) pasó por el informe pericial contable realizado por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que determinó que en la operatoria de contratos de dólar futuro durante el final del gobierno de Fernández de Kirchner no hubo perjuicio a las arcas del Estado ni se violó ninguna norma.

Se trató de una medida de prueba que el fallecido juez Claudio Bonadio no quiso hacer durante toda la instrucción del caso.